La vergüenza de este país. Artículo de Jabier Salutregi Mentxaka, Director de "Egin".
Publicado en GARA el 4 de febrero del 2001.

Jabier Salutregi Mentxaka * Director de "Egin"
La vergüenza de este país

Estos días de febrero se cumplirán veinte años de la muerte de Joseba Arregi, aquel militante vasco con quien «se les fue la mano» a los agentes que procedían a interrogarle en las dependencias policiales de la Dirección General de la Seguridad española. Veinte años de un febrero desbocado en el que la tragedia y los sables se entrecruzaron hasta dejarnos sin aire y encogernos de miedo. Un febrero tan loco y cruel aquel, como el que mucho más silenciosa y casi imperceptiblemente vivimos veinte años después, pues a pesar del tiempo transcurrido seguimos coexistiendo con aquella misma tortura que entonces nos golpeó sin piedad. Hoy, la práctica del más terrible de los delitos sigue en vigor y, lo que es más grave, está en pleno apogeo a tenor de las escalofriantes cifras que reflejan las más de cinco mil denuncias de tortura realizadas por ciudadanos de Euskal Herria desde que muriera salvajemente torturado el vecino de Zizurkil.

No obstante, y a pesar de las cifras, de las denuncias y de las siete muertes registradas en las comisarías durante estos veinte años, que evidencian el altísimo grado de impunidad que recubren las barbaries anónimas que se cometen en las dependencias policiales, pocas son las voces que se han alzado, y que se alzan en contra de lo que puede definirse como el instrumento modélico que posibilita la práctica de la tortura y, por extensión, la proliferación de los torturadores: las leyes y el articulado legal antiterrorista.

Estos días hemos asistido a un nuevo acto de hipocresía hiriente de la mano de aquellos que con carácter retroactivo se rasgan las vestiduras ante lo que fue la conculcación flagrante de los derechos humanos de los detenidos y de los presos, pero que hoy, ante los casos que se presentan, no llevan sus cuestionamientos más allá de la denuncia de los «efectos» sin entrar a denunciar y objetar las «causas», el origen que promociona, potencia, ampara y facilita la tortura. En este sentido es poco admisible oír las declaraciones y las protestas realizadas por EA y PNV cuyos representantes en Irun, si bien calificaban a Melitón Manzanas de «asqueroso tortura- dor» y se oponían a la concesión de la medalla al antiguo comisario español, no incidían ni de refilón en lo que es el caldo de cultivo legal que en la actualidad mantiene estable el mercado de la tortura, cual es la legislación vigente que aplican con escrupuloso rigor las FSE, incluida por tanto la Ertzaintza de sus amores.

A decir verdad, ni PNV ni EA han destacado durante estos años por sus gestos de denuncia contra las diferentes legislaciones «antiterroristas», ni por la inclusión en el Código Penal de artículos «antiterroristas», ni por la existencia de un tribunal como la Audiencia Nacional, cuyas características específicas y «especiales» harían enrojecer de vergüenza a cualquier sistema democrático. Omito decir algo del PP y PSOE, coautores de esos artículos que abren la puerta del horror.

Nunca estos partidos, y vuelvo a referirme a PNV y EA, se han preocupado en censurar y denunciar la íntima relación e interdependencia entre la tortura y las sentencias condenatorias que dictaminan los tribunales de la Audiencia Nacional, cuyos magistrados son los primeros en comprobar, como testigos de excepción, las huellas que el paso por comisarías y calabozos dejan en los detenidos. Pocas veces estos partidos que ahora braman contra el reconocimiento honorífico a un sádico torturador han hecho el más mínimo comentario ante la realidad que nos muestra que una abrumadora mayoría de las sentencias inculpatorias que emite este tribunal especial se basan únicamente en las declaraciones arrancadas bajo tortura en las aisladas e inescrutables dependencias policiales.

En pocas, en muy pocas ocasiones, los partidos políticos de aquí, que pregonan su ideología democrática, han reflexionado públicamente ante el hecho de que esta práctica, la tortura, tiene una importancia capital tanto de cara a obtener la aplicación de las sentencias condenatorias, como para que la Audiencia Nacional mantenga su razón de ser y existir, y pueda desempeñar el papel para el que se creó, y que no es otro que el de enviar sistemáticamente a prisión a la disidencia política vasca.

Raras han sido las ocasiones en las que PNV y EA, e insisto en que sobre el resto de formaciones mejor ni mencionar, han denunciado los indultos de los agentes policiales condenados por torturar, condenas que sin lugar a dudas demuestran que la tortura se ha perpetuado durante estos 20 años desde la muerte de Joseba Arregi. Raras ocasiones en las que se ha denunciado los indultos, no en tanto que con ello se delataría una generosidad política del Gobierno que no encaja con el carácter del delito, sino porque no cuestionan el terrible objetivo que cumplen, cual es el cerrar el círculo de impunidad tejido ad hoc para mantener la impunidad de los torturadores.

Cabe pensar en buena lógica que este tema duro, hostil y «asqueroso», como lo califica EA y PNV, y que ha sido abordado por Gestoras Pro-Amnistía, TAT y Amnistía Internacional sistemáticamente sin que sistemáticamente les hagan el menor caso, no se difunda ni se explique en los foros europeos como el que recientemente el ministro de Interior, Jaime Mayor Oreja, mantuvo con representantes de la UE para pedirles que se dejen de tonterías como los juicios de extradición y pasen directamente a aplicar las entregas de policía a policía; no obstante es terriblemente significativo, y denunciable, que la denuncia de la práctica de la tortura en el Estado español no esté ni en los programas, ni en las valijas diplomáticas de los representantes políticos vascos que viajan al extranjero.

No basta con denunciar lo evidente, como es el caso de la medalla y la subvención conseguidas por Melitón Manzanas desde su tumba, que siempre viene bien para mantener la chispa electoral. Hacen falta sinceridad y honradez para denunciar la raíz, las leyes que dan soporte al instrumento de la tortura, la vergüenza del país. Y no dejar pasar otros veinte años para que como ahora EA y PNV se lleven las manos a la cabeza ante una nueva tragedia.

Posdata: Miguel Sanz, en su enloquecida carrera por desprenderse de cualquier vestigio vasco, ha comenzado a desmantelar los rótulos bilingües de señalización que facilitan la ubicación de los ciudadanos. Contagiado por el síndrome espongiforme que azota desde Madrid, quiere conseguir que los navarros acaben como él y como Del Burgo, con un desvarío total y sin saber de dónde coño vienen, cuáles fueron sus orígenes y, lo que es más grave, sin saber lo que es Nafarroa, algo que todavía sabemos el resto de navarros de Vascongadas e Iparralde, aunque sea a duras penas. No creo que lo consigan. *